A un mes y medio de culminar la gestión regional y municipal, en el Perú hay cientos de obras públicas paralizadas debido a que los alcaldes y gobernadores no conocen claramente sus funciones antes de iniciar los proyectos.
Según reportes de la Contraloría, miles de proyectos viales y de saneamiento siguen trabados en todo el país, pues los trabajos se inician sin fijar reglas claras de responsabilidad.
Por ello, cuando surge un retraso o hay una deficiencia por atender, las autoridades se patean la pelota, responsabilizando a otros ante los medios. El alcalde culpa al gobierno regional y luego se van contra el municipio por supuestos permisos pendientes.
Esta falta de reglas previas les sirve de excusa perfecta para disimular su incapacidad de gestión y evitar sanciones.
Como resultado, quienes sufren las consecuencias del desorden estatal son los peruanos. El emprendedor pierde clientes debido a las veredas destruidas que nadie concluye durante meses, y toda la ciudadanía observa cómo los impuestos se malgastan sin obtener resultados.
Por esta razón, resulta urgente establecer reglas de juego precisas antes de ejecutar cualquier obra pública. Cada autoridad debe asumir funciones bien definidas, con plazos firmes y responsables directos desde el inicio.
Asimismo, los perjuicios ocasionados por una obra paralizada o mal ejecutada deben acarrear responsabilidad penal para las autoridades que lo permitieron.
Solo con orden y transparencia sabremos a quién exigir resultados concretos y respaldar un cambio de ciclo que impulse el desarrollo del Perú.
