En el Perú, la burocracia no solo retrasa obras y trámites, también mata. Mientras en el Estado se echan la culpa entre ministerios y proveedores, miles de peruanos pasan este invierno sin vacunas, enfrentando enfermedades que ya deberían estar controladas. El sistema de salud, marcado por la ineficiencia y la corrupción, deja vencer medicinas sin que nadie responda por ello.

En el Callao se descubrió que miles de vacunas destinadas a niños y adultos mayores permanecen almacenadas en una cámara frigorífica, mientras el millonario contrato para mantenerlas, quedó en suspenso. El resultado es que miles de dosis capaces de salvar vidas podrían terminar en la basura, dejando a la población expuesta a enfermedades respiratorias graves que se pueden prevenir. Todo porque la maquinaria estatal es incapaz de coordinar lo básico: comprar, almacenar y distribuir a tiempo. Incluso, en el mismo almacén se encontraron lotes de vacunas y medicamentos vencidos desde 2022.

Esto es el claro reflejo de un Estado que en lugar de garantizar el derecho a la salud, lo sabotea. Las mismas autoridades corruptas que gastan millones en consultorías inútiles y sueldos dorados, pero que no puede llevar una vacuna a quien más la necesita.

Durante los últimos 25 años, la negligencia y la corrupción de quienes han gobernado el Perú han dejado heridas profundas, pero fue en el 2020, bajo el Gobierno del “Lagarto” Vizcarra, cuando esa incapacidad alcanzó su punto más trágico. El país se convirtió en el primero del mundo en muertes por COVID-19, una vergüenza que costó más de 100 mil vidas y que se podría haber evitado. Esa cifra no es solo un número, son familias destrozadas, oportunidades perdidas y un recordatorio doloroso de que la incompetencia también mata.