En Cusco, la aprobación del proyecto Khaleesi de la canadiense C3 Metals refleja una realidad que ya conocemos. Mientras algunas empresas, con equipos completos de abogados y especialistas, logran avanzar con sus concesiones sin mayores obstáculos, los pequeños y artesanales siguen atrapados en un sistema que los persigue y los deja a la deriva.

No se trata de estar en contra de la inversión extranjera. El problema está en que, mientras unos reciben luz verde, a los demás se les imponen trabas imposibles de superar. El acceso a crédito es casi inexistente, la asesoría técnica brilla por su ausencia y el marco legal actual no reconoce al minero artesanal como un verdadero actor productivo.

Las grandes empresas pueden defender sus intereses porque tienen recursos para hacerlo, pero el minero nacional no tiene esa posibilidad. Es ahí donde el Estado debería intervenir, no para perseguirlo ni criminalizarlo, sino para apoyarlo, acompañarlo y darle herramientas que lo transformen en un empresario minero con futuro.

Cada vez que un minero artesanal es excluido o empujado a la informalidad, el Perú pierde riqueza, empleo y desarrollo. Y cada vez que el Estado renuncia a su responsabilidad de nivelar la cancha, consolida un modelo injusto que mantiene a cientos de miles de familias atrapadas en la pobreza.

El cambio de ciclo en la minería no es cerrarles las puertas a unos, sino abrirlas para todos. Solo así podremos explotar nuestros recursos de manera justa, ordenada y con beneficios reales para el país.