En Junín, la política parece haberse convertido en un negocio de pocos. Una investigación reveló que el Gobierno Regional habría beneficiado con contratos a seis integrantes del mismo partido político del gobernador Zósimo Cárdenas. Lo que debería ser una gestión para todos termina siendo un reparto entre los suyos.

Los contratos públicos, que se financian con la plata de todos los peruanos, deberían servir para mejorar hospitales, escuelas, carreteras o proyectos productivos. Sin embargo, se convierten en premios para los amigos y allegados del poder. Cada vez que un partido llega al poder regional, aparecen las mismas denuncias de favoritismo, contratos a dedo y beneficios para los de siempre.

Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando mejoras en salud, educación o seguridad. Los hospitales no tienen médicos ni medicinas, las carreteras están destrozadas y la inseguridad crece. Pero lo que sí funciona bien es la maquinaria política que acomoda a los suyos y se reparte los contratos como si fueran trofeos.

Junín merece una política distinta, donde los recursos sirvan a la gente y no a los intereses partidarios. Si no se rompe este círculo vicioso de corrupción disfrazada de gestión, seguiremos viendo cómo los que llegan al poder se benefician primero ellos, y el pueblo otra vez queda al final de la fila.