Ningún comerciante cerraría su puesto para mirar peleas en la puerta del mercado. Ellos siguen trabajando y avanzando; todos tenemos que hacer lo mismo.
Eso también debería estar haciendo el nuevo gobierno; sin embargo, autoridad por autoridad del gabinete enfrenta un freno constante debido a citaciones y “pertinentes” pedidos de la Fiscalía.
Casos como las acusaciones dirigidas a ministros como Marco Vinelli o Alberto Beingolea paralizan las labores en las carteras. Paralelamente, el Congreso cita a los miembros del equipo ministerial para exigir explicaciones de otros ámbitos, nada de urgencia.
Esta conducta forma parte de una estrategia caviar: golpear en todos los frentes hasta debilitar al adversario.
Pero esto no solo genera retrasos en la gestión pública, sino que también termina afectando el bolsillo de todos los peruanos.
Durante 25 años de gobiernos de izquierda ideológica, a nadie le interesaba llevar tan rápido a un ministro a la cárcel por actos que ni siquiera constituyen un delito.
Ahora, en cambio, pretenden consumir el tiempo de ciertas autoridades en citaciones y audiencias judiciales, distrayéndolas de lo esencial: trabajar para atender las necesidades reales de la población.
Así opera este sector caviar, opuesto al desarrollo del Perú: promoviendo el retroceso y saboteando cada oportunidad de progreso con la colaboración de sus aliados en la prensa y el sistema judicial.
Es momento de abrir los ojos y no caer en este juego. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y ninguna política pública o reforma dará resultados si no existe continuidad en el liderazgo.
Existe una urgente necesidad de iniciar el cambio total de todo lo que está mal en el país, pero ello solo será posible cuando dejen de rodar cabezas por presiones políticas y mediáticas cada vez que a la mafia caviar le disgusta una autoridad.
